Este proceso está regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil en sus artículos 951 y subsiguientes, así como por convenios bilaterales entre España y otros países. Es importante destacar que, en el caso de sentencias procedentes de Estados miembros de la Unión Europea (excepto Dinamarca), el reconocimiento y ejecución es automático, sin necesidad de un proceso de exequátur.